El pasado 16 de octubre, los países de la Unión Europea dieron su respaldo a la propuesta de la Comisión Europea para retrasar la aplicación de la ley de la UE contra la deforestación por un período de doce meses. Esta medida, que busca garantizar que los productos consumidos en el bloque comunitario no contribuyan a la destrucción de los bosques, requiere ahora la aprobación final del Parlamento Europeo para hacerse efectiva.
¿Por qué se retrasa la ley de deforestación de la UE?
El reglamento contra la deforestación, aprobado inicialmente en 2023 con amplio respaldo tanto en el Consejo como en el Parlamento Europeo, tiene como objetivo reducir el impacto negativo del consumo de la UE en la masa forestal mundial. Entre 1990 y 2020, se destruyó globalmente una superficie de bosque mayor que el área de la propia UE, con cerca de un 10% de la deforestación mundial atribuida al consumo de productos europeos.
La normativa afecta a materias primas clave como el ganado, cacao, café, aceite de palma, soja, madera y caucho, así como a productos derivados tales como cuero, chocolate y muebles. Bajo las reglas establecidas originalmente, a partir del 30 de diciembre de 2024, las empresas que importen estos productos a la UE deberían demostrar mediante sistemas de geolocalización que sus cadenas de suministro están libres de deforestación o degradación de bosques.
Sin embargo, la Comisión Europea, presidida por Ursula von der Leyen, propuso el retraso de la ley para otorgar un período adicional de 12 meses de adaptación. Este cambio responde a las demandas de varios socios globales, tras intensas presiones ejercidas por algunas industrias, partidos políticos y países como Brasil, Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela, Indonesia, Estados Unidos, Malasia, Australia, Nueva Zelanda y Canadá.
Nuevas fechas para la implementación de la ley
El aplazamiento propuesto modificaría las fechas de entrada en vigor de la normativa, trasladando su aplicación al 30 de diciembre de 2025 para las grandes empresas y operadores, mientras que las micro y pequeñas empresas tendrían hasta el 30 de junio de 2026 para cumplir con los requisitos establecidos. Este cambio permitiría a todos los actores involucrados adaptarse mejor a las exigencias de la normativa, asegurando una implementación más ordenada y efectiva.
La decisión de posponer la ley fue acordada en una reunión de embajadores de los Veintisiete ante la UE. Según indicaron, el aplazamiento ofrecerá tiempo suficiente para que los países terceros, Estados miembros, operadores y comerciantes estén plenamente preparados para cumplir con sus obligaciones de diligencia debida, que consisten en garantizar que los productos comercializados en la UE no sean responsables de la deforestación.
