La prevención de incendios forestales se ha convertido en una prioridad creciente dentro de la política medioambiental de la Unión Europea, que ha destinado una cantidad cada vez mayor de recursos financieros a este objetivo. Sin embargo, un reciente informe del Tribunal de Cuentas Europeo ha puesto de manifiesto la necesidad de una mejor planificación y evaluación de estos fondos para asegurar su impacto y sostenibilidad a largo plazo.
Asignación de fondos y eficacia de las medidas preventivas
El informe destaca que, si bien las inversiones han aumentado de forma significativa, la eficacia en el uso de estos recursos no siempre es la adecuada. En algunas regiones, la asignación presupuestaria no se ha basado en criterios de riesgo o necesidad, sino que ha sido distribuida de manera uniforme, sin tener en cuenta la exposición real de cada zona a los incendios forestales.
Casos como el de Grecia, donde los incendios forestales han superado en más del triple la media anual de superficie quemada en 2023, han revelado que las listas de zonas vulnerables no han sido actualizadas desde hace más de cuatro décadas. Esta falta de actualización afecta directamente a la eficiencia de las estrategias de prevención.
Evolución hacia un enfoque más preventivo
A pesar de los retos, se observa una evolución positiva en la orientación de los fondos hacia medidas preventivas. En Portugal, por ejemplo, el porcentaje del presupuesto asignado a la prevención creció del 20 % al 61 % entre 2017 y 2022. En Galicia, la prevención representa la mayor parte del presupuesto para incendios desde 2018, lo cual responde a las recomendaciones de los expertos para minimizar riesgos y reducir el impacto de estos fenómenos.
Estas medidas incluyen principalmente la creación de cortafuegos, labores de desbroce, y otras acciones destinadas a limitar la propagación del fuego en zonas de alto riesgo. No obstante, el informe señala que muchas de estas medidas siguen basándose en información obsoleta o carecen de un enfoque estratégico con visión a largo plazo.
Seguimiento, sostenibilidad y retos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
El informe también examina el papel del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) como fuente de financiación adicional para la prevención de incendios. Aunque este mecanismo ha movilizado fondos sustanciales (como los 470 millones de euros destinados a Grecia y los 390 millones a Portugal), los auditores advierten que la falta de compromiso financiero a largo plazo podría limitar el efecto de estas medidas a un período de apenas tres o cuatro años.
La sostenibilidad de las acciones emprendidas es otro de los puntos débiles detectados. A menudo, las medidas carecen de un seguimiento adecuado, indicadores homogéneos y mecanismos de evaluación eficaces. Esto dificulta conocer el verdadero impacto de la inversión realizada en materia de prevención de incendios.
Necesidad de una planificación basada en riesgos y datos actualizados
El estudio subraya la necesidad urgente de que las estrategias de prevención forestal se basen en evaluaciones actualizadas del riesgo, utilizando información científica y técnica adecuada. La incorporación de herramientas de teledetección, cartografía de riesgos y simulación de incendios, junto con la mejora en la recogida y análisis de datos, permitiría una distribución más eficaz de los fondos.
Asimismo, se recomienda fortalecer la coordinación entre los distintos niveles de administración, desde las instituciones europeas hasta los gobiernos regionales y locales, para garantizar una planificación más coherente y adaptada a las realidades del territorio.
Conclusión
Aunque el aumento de la inversión europea en la lucha contra los incendios forestales representa una evolución positiva, el informe del Tribunal de Cuentas Europeo recuerda la importancia de gestionar estos recursos con una estrategia clara, sostenida y basada en evidencias. La prevención efectiva requiere tanto de financiación adecuada como de una planificación territorial precisa y proactiva.
El futuro de los bosques europeos y la seguridad de muchas zonas rurales dependerán de la capacidad colectiva para convertir estas inversiones en acciones duraderas y eficaces frente a una amenaza climática creciente.
