La digitalización del sector agroalimentario continúa avanzando, pero lo hará con un calendario más flexible. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes 18 de noviembre un real decreto que modifica los plazos para la implantación obligatoria del cuaderno digital de explotación, extendiendo el límite al 1 de enero de 2027. Con esta actualización, las explotaciones agrarias dispondrán de un año adicional para adaptarse al registro digital del uso de productos fitosanitarios.
Esta ampliación responde a la necesidad de dar un margen mayor a agricultores y pequeñas explotaciones, permitiéndoles realizar la transición hacia la gestión digital de manera progresiva, sin perder de vista la transformación que ya está en marcha dentro del sector.
Un nuevo calendario adaptado a las necesidades del sector agrario
El real decreto aprobado introduce una flexibilización de plazos que se ajusta a la normativa comunitaria. En concreto, responde a la modificación introducida por la Comisión Europea en el Reglamento de Ejecución (UE) 2023/564, que permite mantener los registros de productos fitosanitarios en formato papel durante todo el año 2026.
Con esta decisión, España ejerce su facultad de posponer la obligatoriedad del registro electrónico hasta el 1 de enero de 2027, ofreciendo un margen más amplio a las explotaciones para adoptar las herramientas digitales necesarias.
Esta medida no implica un retroceso en el proceso de digitalización, sino una adaptación realista al ritmo y necesidades del sector, especialmente para:
- pequeñas explotaciones,
- agricultores con menor acceso a recursos digitales,
- zonas rurales con dificultades de conectividad o infraestructuras tecnológicas limitadas.
Por qué se amplía el plazo: motivos y beneficios
La decisión del Gobierno se fundamenta en varios factores estratégicos:
- Adecuación al marco europeo
Bruselas permite mantener el sistema en papel durante 2026 y deja a los Estados miembros la decisión de posponer la obligatoriedad hasta 2027. España ha optado por alinear su estrategia para garantizar coherencia normativa.
- Facilitar la transición digital
La digitalización es un proceso complejo que requiere formación, herramientas adecuadas y tiempo de adaptación. Con esta ampliación:
- se reduce la presión sobre los agricultores,
- se evitan problemas administrativos derivados de una implantación acelerada,
- se mejora la calidad y precisión de los registros digitales cuando entren en vigor.
- Mayor equidad territorial
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha destacado que la medida favorece especialmente a explotaciones pequeñas o zonas con limitaciones digitales, garantizando que la transición sea inclusiva y equilibrada en todo el territorio.
- Reforzar la adopción del cuaderno digital como herramienta de gestión
La obligatoriedad se aplaza, pero la digitalización sigue avanzando. De hecho, el Ministerio recuerda que ya existe un cuaderno digital de explotación agraria gratuito, voluntario y disponible para todos los agricultores.
Con él, los profesionales pueden:
- cumplir las obligaciones normativas,
- mejorar la gestión interna de sus explotaciones,
- generar datos útiles para optimizar decisiones técnicas y económicas,
- avanzar hacia modelos más eficientes y sostenibles.
Modificaciones adicionales: formación, asesoramiento y extensión digital
El real decreto también incorpora modificaciones en las bases reguladoras de las subvenciones vinculadas a:
- intercambio de conocimientos,
- actividades de formación e información,
- servicios de asesoramiento,
en el marco del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PEPAC) 2023-2027.
Objetivo de los cambios
El propósito es lograr una mayor eficacia, impacto y alcance territorial en estas ayudas, que forman parte del Sistema de Conocimiento e Innovación en Agricultura (AKIS). Entre las mejoras introducidas destacan:
- mayor equidad en el acceso
- impulso a la extensión digital en zonas rurales
- escalado de iniciativas innovadoras en todo el país
- clarificación de criterios técnicos como definiciones de personal, inversión o moderación de costes
- facilitación de la ejecución por parte de agrupaciones nacionales
Estas modificaciones refuerzan la apuesta por la formación continua y la digitalización como motores clave para la competitividad del sector agroalimentario.
